Un grupo de siete ciudadanos argentinos arribó esta madrugada al aeropuerto internacional de Ezeiza en un avión contratado por el ICE, el organismo encargado de llevar adelante la avanzada antimigratoria de Donald Trump
Un avión contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), aterrizó este martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Ezeiza con siete ciudadanos argentinos deportados.
En un marco de extremo hermetismo, tal como ocurrió en los otros tres vuelos previos, un avión Airbus A320-214 de la compañía GlobalX, aterrizó en Ezeiza con siete argentinos deportados de Estados Unidos. Allí los esperaban sus familiares.
Se trata del cuarto vuelo con argentinos expulsados desde el país noeamericano. Según consignó La Nación, entre los ciudadanos que llegaron al país se encontraba una mujer que hacía 25 años que había emigrado a Florida, donde trabajaba como mesera.
Su hermana dijo, en declaraciones a ese medio, que antes de ser expulsada la mujer estuvo cuatro meses detenida y que durante ese tiempo sus familiares casi no tuvieron contacto con ella, más allá de unas pocas comunicaciones telefónicas.
El 11 de septiembre, otro vuelo -un Boeing 767-300, de la empresa Omni Air International- había aterrizado en Ezeiza con otros diez argentinos, en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder del líder Republicano.
Antes de aterrizar en Ezeiza, el avión había hecho dos escalas: una en Bogotá, Colombia, y otra en Belo Horizonte, Brasil, donde bajaron otros pasajeros deportados.
Uno de los argentinos deportado en el vuelo de mediados de septiembre, Mario Luciano Robles, de 25 años, habló con TN y contó que había sido detenido un mes antes de su expulsiòn en Texas, tras haber cruzado a Estados Unidos desde México. “No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el ‘sueño americano'”, afirmó el joven, que ahora quedó separado de su esposa y su hijo, que están en México.
Por su parte, Maximiliano García, relató que había emigrado a Estados Unidos en 2001. Allí se había establecido con su familia y trabajaba -tenía un permiso legal para hacerlo hasta 2030 y un número de seguro social-.
Lo habían detenido el 21 de agosto, cuando fue a realizar un trámite a la Oficina de Inmigración para ajustar su situación migratoria, ya que su hija nacida en el país norteamericano había cumplido 21 años y podía hacer una petición familiar para que él tuviera la residencia legal permanente.
Sin embargo, al finalizar el trámite, fue apartado por las autoridades y detenido. Le dijeron que tenía una orden de deportación pendiente de 2015, de la que “nunca me notificaron”. Estuvo en un centro de detención para migrantes en Miami hasta que fue derpotado.
“Es notable el odio en cuanto al racismo” del gobierno de Trump, dijo. Y afirmó que “a los ojos de ellos (el gobierno de EE.UU.) somos criminales”. García fue separado de su esposa y sus dos hijos, quienes quedaron en Florida. “Están partiendo familias a la mitad”, lamentó.
